La injusticia de cargar la ineficacia del sistema sobre los hombros de quienes sí cumplen

 Diluir la ineficacia estructural del sistema de salud atribuyéndola al sector prestador —precisamente el más ordenado, coherente y comprometido con la academia y la búsqueda de soluciones para los pacientes— constituye no solo un error técnico, sino una injusticia legal y ética. Se pretende responsabilizar a quienes, día tras día, sostienen con esfuerzo y compromiso la atención clínica directa, mientras se omite la profunda crisis de gestión que reside en otras esferas del sistema.

Resulta alarmante la frecuencia con la que aseguradores y gestores de servicios devuelven a personas mayores, frágiles e indefensas, amparados en justificaciones administrativas que rayan en el absurdo: errores mínimos en una fórmula médica, supuestas inexistencias de medicamentos, o argumentando desabastecimientos programados. Detrás de estas excusas, lo que se evidencia es un modelo que ha desviado su principio esencial de atención hacia una forma de negligencia sistematizada. Y lo más grave: una negligencia que es financiada, que recibe cumplidamente sus capitaciones, y que ha convertido el descuido en una forma de rentabilidad.

No es justo ni ético que los médicos, profesionales de salud y prestadores —quienes con dedicación y conocimiento se esfuerzan por responder a las necesidades reales de los usuarios— sean judicializados, señalados o utilizados como chivos expiatorios de un sistema que premia la ineficiencia, siempre y cuando esta sea rentable. La verdadera transformación del sistema debe partir de una revisión profunda de estas prácticas, del restablecimiento de la dignidad de los pacientes y de quienes los cuidan, y de un ejercicio de vigilancia efectiva sobre los actores que, parapetados tras argumentos administrativos, incumplen el mandato constitucional de garantizar el derecho a la salud.